El acuerdo para culminar los procesos penales derivados del diferendo con Gobierno del Estado “no fue en lo oscurito”, ni a “ultranza”, fue apegado a la Ley porque los funcionarios universitarios fueron vinculados por no realizar la adquisición de bienes en los términos de la Ley Estatal de Adquisiciones, es decir, fue por no licitar, informó el abogado defensor doctor Milton Ayala Vega.
“No fue porque agarraron el dinero y se lo metieron a la bolsa, no fue porque lo transfirieron a sus cuentas, no, los procesos penales, claramente está establecido y lo puedo demostrar a quien sea, que fueron por un tema específicamente administrativo, nosotros siempre sostuvimos que el recurso era federal y que la competencia era de los jueces federales”, explicó, por ello al irse al amparo los jueces federales dijeron que efectivamente sí era recurso federal y se tenía que ver en sentencia.
Precisó que se acumularon los procesos en uno solo y se pidió, por parte de dos de los imputados, el doctor Salvador Pérez Martínez y el maestro Manuel de Jesús Lara Salazar, una suspensión del proceso a prueba que es una forma de terminar un proceso sin juicio, es decir, por un acuerdo que apruebe el Juez, figura jurídica que está regulada por del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En lo que respecta al doctor Jesús Madueña Molina y doctor Juan Eulogio Guerra Liera, Ayala Vega señaló que los jueces federales en tribunales colegiados les dieron la razón a los universitarios y ordenaron al Juez Local quitar los autos de vinculación a proceso, lo cual está en marcha porque sólo se ha quitado una vinculación.
Indicó que el acuerdo tomado entre los universitarios, ya que se consultó a todos los directores, es que no se llegara a un juicio, que se terminaran estos procedimientos a través de una salida alterna o forma anticipada y esa forma que se eligió fue la “suspensión del proceso a prueba” misma que se llevó a cabo este martes en audiencia en la que se hizo una propuesta de recurso económico y se planteó por el Comité de Adquisiciones 2019-2021 el pago de 10 millones de pesos y una cantidad igual por el Comité de 2021-2022, y fue un acuerdo de la mesa de diálogo ya que no se habían cumplido las formalidades.
Ayala Vega precisó que ninguno de los universitarios involucrados cuenta con esa cantidad de recursos y así fue comprobado por las propias autoridades, y al haber un plazo de 6 meses para cubrir esos montos se buscará la forma de cumplir.
“¿Y por qué se aceptó? Dicen muchos que pagar acepta culpabilidad, se los digo: aceptar ese procedimiento de suspensión del proceso a prueba no tiene ningún reconocimiento de culpabilidad, tan es así que si pasando los 6 meses cumples el Juez va a dictar un sobreseimiento con efecto de sentencia absolutoria”, manifestó.
Agregó que a los involucrados en estos procesos no les quedarán antecedentes penales, que no hubo un perjuicio tal para la Universidad porque lo que se estaba queriendo sancionar, era un incumplimiento de un proceso administrativo y no un apoderamiento de recursos económicos, que si se aceptó el acuerdo es porque se privilegió como bien mayor la educación de miles de estudiantes que estaban siendo afectados por el conflicto entre la Universidad y Gobierno Estatal y privilegiando la estabilidad y gobernabilidad de la institución y la calidad de la educación que brinda.
