Con más del 80% de su contenido replicado de la ley vigente, la nueva iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones ha generado controversia por incluir artículos que, según especialistas, podrían limitar derechos fundamentales. Uno de los puntos más discutidos es el reemplazo del órgano autónomo que regulaba las comunicaciones por una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que dependerá directamente de la Secretaría de Gobernación, dijo investigador universitario.
El doctor Gonzalo Armienta Hernández de la Facultad de Derecho Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), consideró preocupante que esta nueva agencia tenga facultades para supervisar, sancionar e incluso suspender transmisiones sin necesidad de una orden judicial; “eso es un acto de molestia que, de acuerdo con la Constitución, solo debe realizarse mediante una autoridad competente, en este caso el Poder Judicial”, expresó.
Entre los artículos más polémicos, Armienta Hernández destacó el 210, que prohíbe la difusión de propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros. Aunque algunos lo consideran restrictivo, el académico opinó que dicho artículo “sí debe permanecer, porque impide intromisiones como las que ya hemos visto en medios nacionales por parte de actores externos”.
Sin embargo, alertó sobre contradicciones dentro del mismo proyecto, como el artículo 230, que establece que las transmisiones deberán realizarse en “idioma nacional”, sin aclarar a cuál se refiere. “En México existen más de 360 lenguas originarias, lo cual hace inexacto ese planteamiento y podría marginar a pueblos indígenas”, advirtió.
Señaló también que esta propuesta refleja un intento de concentración del control comunicativo por parte del Estado, luego de la desaparición de organismos autónomos mediante reformas constitucionales previas, “estamos viendo cómo atribuciones que antes eran de órganos independientes ahora recaen en dependencias federales, lo cual pone en riesgo la imparcialidad”, enfatizó.
Finalmente, el doctor Gonzalo Armienta Hernández consideró que la iniciativa fue presentada de forma apresurada y celebró que se haya abierto a revisión, “son pocos artículos los que realmente afectan, pero son los suficientes como para repensar el impacto que podrían tener en derechos como la libertad de expresión”, concluyó.
