Con una postura firme y clara, la senadora Paloma Sánchez Ramos, del PRI y originaria de Sinaloa, elevó una exigencia al Estado mexicano: detener de inmediato el ingreso ilegal de camarón ecuatoriano que está devastando al sector pesquero nacional y, particularmente, a su estado. En su proposición con punto de acuerdo, aprobada por el pleno del Senado de la República, Sánchez denuncia un fenómeno que combina crimen organizado, colapso económico y riesgos sanitarios.
El documento, presentado el 4 de marzo de 2025, parte de una preocupación concreta y documentada: el contrabando de camarón ecuatoriano, que se estima en 20 mil toneladas anuales, ha desplazado al producto sinaloense en un 80%. Esto no solo ha dañado los precios, también ha puesto en riesgo más de 900 granjas acuícolas y 20 mil empleos directos. “Este contrabando está acabando con nuestra producción y dejando sin sustento a miles de familias”, advirtió la senadora.
Paloma Sánchez no llega al Senado con una preocupación abstracta: representa a Sinaloa, líder nacional en producción camaronera, con más de 115 mil toneladas generadas en 2023, equivalentes al 45% del valor nacional. Pero ese logro está en riesgo por una práctica ilegal que afecta a productores en todo el país. “Este no es solo un problema comercial, es también un problema de seguridad nacional”, señala, al advertir que el tráfico de camarón está vinculado con redes de delincuencia organizada, lavado de dinero y violencia en regiones fronterizas.
Sánchez Ramos no se limita a señalar el problema. Propuso una solución concreta: que el Poder Ejecutivo, en especial la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), coordine esfuerzos con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para fortalecer la vigilancia en puertos, carreteras y puntos de ingreso al país. Esa fue la redacción final aprobada por senadoras y senadores de todas las fuerzas políticas, quienes respaldaron de manera unánime la iniciativa.
La senadora sinaloense denunció que el camarón ilegal representa un riesgo para la salud pública, ya que ingresa al país sin cumplir normas sanitarias ni fitosanitarias, sin trazabilidad ni control, lo que podría desencadenar crisis de confianza en el mercado interno.
También se alerta sobre el impacto ambiental, pues muchas veces el producto entra al país sin respetar prácticas sustentables de captura, usando redes prohibidas o técnicas depredadoras, lo que afecta la biodiversidad y la reproducción de especies.
“Exigimos condiciones justas para competir. Nuestros productores cumplen con la ley, pagan impuestos, cuidan el medio ambiente. El Estado tiene la obligación de protegerlos del comercio ilegal que destruye todo lo que hemos construido”, sostiene Sánchez Ramos en su iniciativa.
Con esta acción legislativa, la senadora no solo defiende a los pescadores y acuacultores de Sinaloa; defiende la soberanía alimentaria, la legalidad y la economía pesquera del país entero.
